Resumen: La Sala rechaza previamente la alegación de pérdida sobrevenida de objeto del recurso con base en la diferenciación de las instituciones de la declaración de nulidad de una norma reglamentaria y de su derogación, teniendo en cuenta que en este caso todo el régimen sancionador de la vieja Ordenanza se mantiene, incluso después de su derogación. En cuanto al fondo, con remisión a la STS 1372/2023, de 2 de noviembre (RCA 4910/2022) sobre la misma cuestión, declara no haber lugar a la casación y sin que se pueda dar respuesta a la cuestión casacional suscitada en el auto de admisión,, al no estar motivada la decisión de la Sala de instancia en la preponderancia de los derechos a la movilidad de las personas y la libertad de mercado respecto a los derechos a la salud y protección del medio ambiente. En efecto, la sentencia recurrida estima en parte el recurso porque considera desproporcionados los niveles de contaminación fijados en la Ordenanza en la delimitación de las ZBE. La sentencia recurrida no cuestiona ni los sistemas ni la ubicación de la medición de la contaminación, sino que en esas mediciones no se haya tomado en consideración los distintos niveles, ni se haya motivado el por qué no se ha particularizado, en la amplia zona delimitada, las singularidades que concurrían.
Resumen: LUNION CEE adoptó Plan de igualdad, solicitó 1/07/21 inscripción y registro de convenios en la DG de Trabajo, siendo requerida el 6/07 para subsanar defectos, la empresa presentó alegaciones y nuevamente requerida el 18/08 para subsanación nuevas alegaciones el 8/09. El 22/12 ILUNION CEE solicitó que se expidiese certificado de silencio administrativo estimatorio, se dicta Resolución desestimatoria de la inscripción el 29/12. El TSJ apreció que era contra legem la decisión de la Administración operando el silencio positivo, admitiendo la inscripción y registro. En casación la Dirección General cuestiona si opera silencio administrativo positivo en relación con la inscripción y registro del Plan de Igualdad al entender que es silencio negativo porque se han transferido facultades del servicio a las empresas que deben elaborar los planes de igualdad. Para la Sala IV el art. 45 LOI atribuye a las empresas la obligación de elaborar y aplicar PI, no se trata de transferencia de facultad de servicio público. Recordó su doctrina sobre el silencio administrativo positivo que impide posterior Resolución expresa denegatoria (ERTE y FOGASA), aprecia que al dictarse la Resolución denegatoria habían transcurrido más de 3 meses del art. 24.1 LPAC considerando que opera el silencio positivo. Es una garantía que impide vaciar de contenido los derechos de particulares cuando la Administración no atiende eficazmente a sus funciones. La desestimación es extemporánea, sin eficacia jurídica
